Dos ambulancias del Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná desaparecieron misteriosamente hace casi un año, y hasta la fecha, ni la Gobernación del Cesar ni las directivas del hospital han ofrecido una explicación clara sobre su paradero. La comunidad denuncia un posible caso de corrupción disfrazada de procedimiento administrativo, mientras los pacientes más vulnerables son quienes pagan las consecuencias.

“Las ambulancias se las tragó la tierra… o alguien se las robó”, denuncia Eurides, líder ciudadano del municipio. Su testimonio se suma a una serie de señalamientos que apuntan a una supuesta maniobra irregular ejecutada en noviembre de 2023, cuando cuatro vehículos (dos ambulancias en comodato por parte de la Gobernación y dos de propiedad del hospital) fueron subidos a una cama baja con destino, presuntamente, a los patios departamentales.

Nadie sabe dónde están

Sin embargo, las ambulancias nunca llegaron a su destino. Según Eurides, incluso la empresa de vigilancia del departamento certificó por escrito que los vehículos jamás ingresaron a los patios de la Gobernación del Cesar.

“Tenemos las pruebas. Se las llevaron dizque para allá, pero nunca llegaron. ¿Entonces, dónde están? ¿Quién responde? Mientras tanto, la gente muere esperando una ambulancia que ya no existe”, agregó el profesor Eurides con evidente indignación.

Por su parte, voceros del hospital han intentado justificar el traslado afirmando que se trató de “un envío por error”, versión que ha aumentado la desconfianza de la comunidad y de los veedores ciudadanos.

Millonarios contratos mientras las ambulancias desaparecen

Las alarmas se encendieron aún más cuando el veedor en salud, Arturo José Salazar Zapata, reveló que poco antes de la desaparición, el hospital firmó un contrato de $50 millones para mantenimiento de una de las ambulancias. No obstante, esta nunca fue reparada, y en su lugar, se alquiló una ambulancia privada por $90 millones a la empresa Urmédicas VIP S.A.S.

“Esa ambulancia particular se ganaba tres millones de pesos diarios, mientras las nuestras estaban parqueadas o desaparecidas. Con 30 millones podíamos haber arreglado una del hospital”, denunció Salazar Zapata.

A esto se suman otros dos contratos por $7 millones mensuales cada uno para vehículos particulares destinados al traslado de pacientes y personal médico.

Silencio institucional y consecuencias humanas

El hecho ha generado una profunda indignación entre los habitantes de Chiriguaná y municipios vecinos, quienes reclaman respuestas inmediatas a las autoridades. En los últimos meses, pacientes han reportado demoras críticas en traslados de urgencia, debido a la falta de vehículos disponibles, en un hospital que antes contaba con sus propios medios de transporte.

Mientras el hospital y la Gobernación intercambian responsabilidades, la comunidad exige una investigación formal por posible peculado, negligencia administrativa y detrimento patrimonial.

“Aquí hay muertos que podrían haberse salvado si hubiese habido ambulancia. Esto no es solo pérdida de recursos, es pérdida de vidas humanas”, sentenció Salazar.