El exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se refirió públicamente al proceso que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando que la decisión judicial se basa en una interpretación técnica equivocada de hechos económicos y fiscales.

Monsalvo Gnecco afirmó que siempre ha respetado y seguirá respetando las decisiones de la justicia, pero manifestó su desacuerdo con lo que considera una condena sustentada en una “confusión técnica” que derivó en una injusticia. Según explicó, durante el proceso se trataron estimaciones económicas como si fueran hechos consumados y obligaciones fiscales como si se tratara de apropiaciones indebidas, lo que, a su juicio, desdibuja la realidad de la gestión pública.

En su pronunciamiento, el exmandatario enfatizó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado en el año 2015 correspondía a una proyección ex ante y no a un resultado definitivo. Señaló que el IPC real de ese año fue superior al estimado inicialmente, lo que demostraría que no existió sobrecosto alguno, sino una planeación prudente que incluso quedó por debajo del comportamiento real de los precios.

Asimismo, Monsalvo Gnecco sostuvo que tributos como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y las estampillas son obligaciones legales que no dependen de decisiones discrecionales de los funcionarios. En ese sentido, indicó que excluir estos conceptos de la estructura de costos afecta el equilibrio contractual y desconoce el marco normativo vigente.

La defensa jurídica del exgobernador aseguró contar con los argumentos necesarios para demostrar su inocencia frente a los cargos imputados. En sus declaraciones, Monsalvo reiteró que su postura no obedece a una reacción emocional ni a la evasión de responsabilidades, sino a fundamentos técnicos y a su experiencia en la administración pública.

Finalmente, el exgobernador expresó su confianza en que los aspectos económicos y contables del caso sean revisados con el rigor que exige la justicia, en los escenarios institucionales correspondientes, con el fin de corregir lo que considera una grave distorsión de la realidad.