El Gobierno nacional oficializó la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas mediante el decreto 0030 de 2026, una decisión que impacta directamente uno de los beneficios salariales más controvertidos del Legislativo. La medida, anunciada días atrás por el presidente Gustavo Petro, hace parte del paquete de acciones orientadas a la austeridad y a la racionalización del gasto público.

De acuerdo con el decreto, la supresión de esta prima que superaba los 16 millones de pesos mensuales, busca ajustar la remuneración de los congresistas a la realidad económica del país. En el documento oficial, el Ejecutivo advierte que los ingresos totales de los miembros del Congreso resultan desproporcionados frente al promedio salarial de los colombianos, lo que profundiza las brechas sociales y económicas.

El Gobierno sostiene que el actual contexto fiscal exige decisiones inmediatas y coherentes, especialmente en medio de presiones presupuestales. En ese sentido, reducir beneficios salariales en los altos cargos del Estado es presentado como una señal de responsabilidad fiscal y de compromiso con la equidad.

Actualmente, el salario de los congresistas se compone de un sueldo básico mensual de 12.455.244 pesos y gastos de representación por 22.142.663 pesos. Hasta antes de la expedición del decreto, también se incluía la prima especial de servicios, fijada en 16.914.514 pesos, ahora eliminada del esquema salarial.

Fuentes cercanas al Legislativo han señalado que del ingreso total mensual se realizan retenciones cercanas a los 20 millones de pesos por concepto de impuestos y aportes obligatorios. No obstante, incluso con estos descuentos, los ingresos finales continúan siendo significativamente superiores al promedio nacional.

La discusión sobre los salarios de los congresistas ha sido recurrente en el debate público. Diversos sectores políticos y sociales han cuestionado durante años la distancia entre los beneficios económicos de los legisladores y la realidad que enfrentan la mayoría de los ciudadanos, un debate que vuelve a cobrar fuerza tras la expedición de este decreto.