Durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, informó que el Instituto atiende a más de 125.000 familias con niñas y niños wayuu en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017. Subrayó que la salida de la crisis humanitaria en La Guajira exige ir más allá del asistencialismo y focalizarse en indicadores reales de desarrollo: agua potable, seguridad alimentaria, educación y salud básica.

«La pregunta clave no es cuántos litros de agua se entregan, sino qué comunidades ya lograron tener agua potable, seguridad alimentaria, educación y salud básica. Ese es el verdadero indicador de avance», afirmó Cáceres, al resaltar la necesidad de que las entidades de gobierno lleguen al territorio de manera conjunta y oportuna.

La funcionaria destacó la importancia de fortalecer el Comité de Emergencia Nutricional, articular esfuerzos con las EPS, la Superintendencia de Salud y los alcaldes, y promover estrategias que permitan visibilizar los logros de municipios que han conseguido reducir la mortalidad infantil. También insistió en avanzar hacia un diálogo con las comunidades para transformar el modelo de atención social y garantizar corresponsabilidad, con respuestas integrales y sostenibles que respeten las particularidades culturales del pueblo wayuu.

En la jornada, el Ministerio de Salud resaltó la labor articulada con Bienestar Familiar en territorios de alta vulnerabilidad materna, con énfasis en seguimiento a gestantes y niños con bajo peso al nacer, formación de promotores comunitarios e identificación de comunidades sin acceso a agua o cobertura institucional, como parte de una respuesta con enfoque territorial.

El encuentro, presidido por la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera Medina, evaluó los avances del plan estructural tras la culminación del plan provisional e contó con la participación del Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Étnicos, presentado el protocolo Ologa Puzianas —«Solicitud de ayuda, palabras de consejo»—, una práctica ancestral wayuu que se integrará como herramienta para garantizar que las políticas públicas respeten la cosmovisión y formas propias de gobernanza del pueblo wayuu.

Guillermo Ojeda Jayariyu, coordinador de la Junta Mayor de Palabreros, reconoció el esfuerzo del MESEPP, pero advirtió que la crisis es sociocomunitaria y cultural, llamando a reconocer la autoridad legítima de los territorios indígenas.