A pocos meses de que el caso prescriba, el proceso disciplinario contra los ocho exconcejales del municipio de Aguachica que eligieron a la personera Johana Caviedes Pabón —a pesar de su inhabilidad legal— sigue sin una decisión de fondo por parte de la Procuraduría.
Han pasado casi tres años desde que el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado declararon nula la elección de Caviedes, pero el expediente aún reposa en la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña, sin avances significativos, y podría prescribir en febrero de 2026.
¿Qué originó el proceso?
El caso se originó tras la elección de Johana Caviedes Pabón como personera de Aguachica para el período 2020–2023, pese a que esta había suscrito un contrato con la Defensoría del Pueblo dentro del año anterior a su designación, configurando una inhabilidad expresa según la Ley 136 de 1994.
El Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad de la elección, fallo que fue confirmado en segunda instancia por el Consejo de Estado en noviembre de 2022. En su análisis, la alta corte concluyó que Caviedes intervino de forma directa en un contrato estatal, lo que la hacía inelegible para el cargo.
¿Quiénes son los implicados?
El proceso disciplinario en la Procuraduría fue abierto en junio de 2021. Posteriormente, el 4 de octubre de 2023, se formularon cargos contra los siguientes exconcejales:
- Manuel Andrés Rangel
- Marcela Peña
- Jhony Said Jiménez
- Isaac Holguín Felizola (actual secretario de Gobierno de Aguachica)
- Haiver José Navarro
- Helmer Contreras
- Jorge Holguín Suárez
- Óscar Zárate Tirado
Todos ellos integraron el Concejo Municipal de Aguachica en el período 2020–2023 y participaron en la elección de Caviedes Pabón como personera municipal.
Veedurías piden vigilancia especial
Ante la falta de decisiones en el despacho del procurador Iván Oswaldo Omeara Vergel, veedores ciudadanos de Aguachica elevaron una solicitud de Vigilancia Administrativa Especial a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
En su petición, los denunciantes solicitan que el proceso sea asumido por el nivel central del Ministerio Público para evitar que prescriba sin una decisión, lo que dejaría a los exconcejales libres de responsabilidad disciplinaria.
“La inactividad del despacho de Ocaña pone en riesgo la efectividad de la sanción”, advirtieron los solicitantes, quienes reclaman celeridad en un caso que ha generado controversia por el posible precedente de impunidad.
¿Prescribirá el caso?
De no emitirse un fallo antes de febrero de 2026, el proceso podría prescribir por vencimiento de términos, impidiendo que se impongan sanciones a los implicados. La situación ha generado preocupación entre sectores ciudadanos y organizaciones de control social, que cuestionan la lentitud del proceso disciplinario frente a una inhabilidad que fue confirmada por instancias judiciales.
